SEGURATA O VIGILANTE?. ANATOMÍA DE UNA PROFESIÓN DE RIESGO Y LA BATALLA POR EL RESPETO.

En el complejo entramado de la seguridad pública y privada, la figura del vigilante de seguridad a menudo se encuentra en una encrucijada. Con frecuencia, se le percibe como un elemento secundario, relegado a una posición de menor importancia frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta percepción, alimentada por la falta de formación específica y por una errónea concepción de la vocación, se ve agravada por una realidad incuestionable: la exposición constante a riesgos físicos y psicológicos. Este artículo pretende analizar la desprotección a la que se enfrenta el vigilante de seguridad en España, abordando desde la trivialización de su labor, simbolizada por el término coloquial "segurata", hasta la cruda realidad de las agresiones, la falta de un amparo legal y la escasez de medios adecuados.

LA DELGADA LÍNEA ENTRE EL APODO Y EL MENOSPRECIO. EL SIGNIFICADO DE "SEGURATA".

La palabra "segurata" es una abreviatura coloquial de "seguridad" que, dependiendo del contexto y la intención de quien la utiliza, puede tener connotaciones muy diferentes. En un entorno informal, podría ser un simple apodo sin ánimo de ofender, comparable a "poli" para un policía o "profe" para un profesor. Sin embargo, su uso con un tono despectivo o de burla revela una intención clara de menospreciar la profesión, reflejando una percepción de falta de autoridad o de importancia del trabajo.

Esta trivialización del término subraya un problema más profundo, la falta de reconocimiento social de una profesión que, por su naturaleza, se enfrenta diariamente a situaciones de riesgo. La normalización del "segurata" como una figura secundaria y prescindible facilita, en muchos casos, la falta de respeto y la agresividad hacia quienes la ejercen.

LA ANATOMÍA DE LA AGRESIÓN. UNA REALIDAD SILENCIADA Y UN COLECTIVO DESPROTEGIDO.

Las agresiones físicas y verbales contra los vigilantes de seguridad no son incidentes aislados, sino una constante que define el factor de riesgo inherente a la profesión. A pesar de que no existe un registro oficial único y centralizado, diversas fuentes privadas y sectoriales confirman la magnitud del problema. Un claro ejemplo de esta realidad son los datos recogidos en informes y observatorios del sector.

En el año 2024, se registraron más de 1.200 incidentes de agresiones a vigilantes de seguridad en España. Estos incidentes no son homogéneos; se dividen en agresiones físicas, verbales o psicológicas, y en ocasiones, uso de armas. La incidencia de estas agresiones es particularmente alta en ciertos sectores, lo que permite trazar un mapa de riesgo muy específico:

•Transporte público.

Concentra el 45% de las agresiones, debido a la alta afluencia de personas y a la conflictividad social inherente a estos espacios.

•Centros comerciales y sector retail. Registran un 30% de los incidentes, en los que los vigilantes a menudo se enfrentan a hurtos, robos y altercados.

•Ámbito sanitario.

Acumula un 15%, un entorno especialmente sensible donde la tensión y el estrés pueden derivar en agresiones al personal de seguridad.

El perfil del agresor, en la mayoría de los casos, corresponde a hombres jóvenes de entre 18 y 25 años. Estos datos no solo son una cifra, sino que constituyen una prueba fehaciente de la vulnerabilidad a la que se enfrenta el colectivo. La falta de un observatorio oficial de agresiones específico para el sector privado sigue agravando la invisibilidad del problema, lo que dificulta conocer su alcance real y diseñar estrategias de prevención eficaces.

Este riesgo profesional también se manifiesta en la escasez de medios de dotación. Los vigilantes, a menudo, se encuentran en servicios unipersonales, con una dotación básica y sin el respaldo de sus propios medios de disuasión. A pesar de que la formación en técnicas de intervención es un pilar fundamental para afrontar situaciones de riesgo, la falta de herramientas adecuadas limita su capacidad para protegerse y cumplir con su deber de manera segura, obligándolos a resolver situaciones peligrosas en solitario hasta la llegada de los cuerpos policiales.

UN OJO POR UNA NORMA. EL PRECIO DE LA SEGURIDAD Y EL CAMBIO DE PROTOCOLO.

Lamentablemente, en muchas ocasiones, es necesario que ocurra una tragedia para que se implementen cambios en los protocolos de actuación y en la dotación de los vigilantes. Un ejemplo reciente, y desgarrador, de esta inercia burocrática es el caso de un vigilante de seguridad del metro de Barcelona que, en enero de 2025, perdió su ojo izquierdo tras una brutal agresión. Este incidente, que ocurrió mientras intentaba mediar en una pelea, puso de manifiesto la vulnerabilidad del colectivo y la insuficiencia de los medios con los que contaban.

A raíz de esta agresión, y ante la presión mediática y sindical, se tomó una medida largamente esperada: la autorización para que los vigilantes de seguridad en el metro de Barcelona porten sprays de defensa homologados en su dotación. Este cambio, aunque vital, ilustra una realidad dolorosa ya que la vida y la integridad física de un profesional tuvieron que ser sacrificadas para que una demanda histórica del sector fuera finalmente atendida. Aunque la regulación permite el uso de sprays de defensa homologados en el ámbito privado, su inclusión en la dotación oficial de los vigilantes requiere la aprobación de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) y la correspondiente formación, un proceso que a menudo avanza con una lentitud desproporcionada.

Este suceso subraya la necesidad de una reevaluación constante de los riesgos a los que se enfrenta el vigilante y la obligación de las empresas de seguridad y de las autoridades competentes de garantizar una dotación adecuada, no como una concesión, sino como un derecho fundamental para el desempeño seguro de la profesión.

PROTECCIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIA. LA BATALLA POR SER CONSIDERADO VÍCTIMA.

La desprotección jurídica del vigilante de seguridad es una de las reclamaciones más antiguas del sector. La pérdida de la condición de Agente de la Autoridad los sitúa en una posición de clara desventaja. En el contexto actual, donde se debate con frecuencia sobre las profesiones de riesgo y su reconocimiento, la situación del vigilante es aún más precaria. Si bien no se espera que se les otorgue el carácter de autoridad, la falta de reconocimiento en este ámbito resulta aún más flagrante cuando incluso a miembros de las FF.CC. de Seguridad y otras entidades públicas se les niega o se discute tal estatus.

A pesar de esta limitación, la jurisprudencia ha ido marcando algunos precedentes que reconocen la situación de vulnerabilidad de estos profesionales. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid (sentencia 133/2021, de 16 de marzo) ratificó la condena a un individuo por un delito de atentado contra la autoridad por agredir a un vigilante de seguridad en una estación de metro. En este caso, el tribunal consideró que el vigilante, aunque no era un agente de la autoridad, estaba actuando en el cumplimiento de un deber público y que su labor de mantenimiento del orden en un espacio de afluencia pública merecía una especial protección. Esta sentencia, aunque no sienta un precedente general para todos los casos, abre una puerta al reconocimiento de la función pública que ejerce el vigilante y a la necesidad de dotarle de una protección jurídica más robusta.

Este tipo de resoluciones judiciales, sumado a las iniciativas de asociaciones profesionales, buscan poner de relieve el papel de víctima del vigilante, que a menudo se ve cuestionado y que carece de los recursos y la protección que se conceden a otros colectivos. La necesidad de una reforma legal que equipare la protección jurídica del vigilante a la de un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones es un clamor creciente.

HACIA UNA REDEFINICIÓN DEL PAPEL DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD.

La problemática del vigilante de seguridad en España es un reflejo de una sociedad que, en ocasiones, no valora el papel crucial que desempeñan estos profesionales en la salvaguarda de bienes y personas. La trivialización de su labor a través del término "segurata", la cifra de más de 1.200 agresiones registradas en 2024, la falta de un amparo legal claro y la escasez de medios adecuados son los tres pilares de una realidad que exige una reflexión profunda. Es fundamental que las empresas, los organismos públicos y la sociedad en su conjunto reconozcan la importancia de esta profesión, invirtiendo en formación específica, garantizando una dotación de medios de defensa apropiada y exigiendo reformas legales que otorguen a estos profesionales la protección que merecen. Solo así se podrá pasar de la figura del "segurata" a la del vigilante de seguridad: un profesional respetado, protegido y valorado por su vital contribución a la seguridad.