CÁMARAS CORPORALES EN SEGURIDAD PRIVADA.UN ANÁLISIS JURÍDICO Y OPERACIONAL DE SU USO Y POTENCIAL.

El avance tecnológico ha introducido herramientas de gran impacto en el ámbito de la seguridad. Entre ellas, las cámaras corporales o "bodycams" se han consolidado como un elemento fundamental en las dotaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FF.CC.SS.) en diversos países. Sin embargo, su implementación en el sector de la seguridad privada presenta un panorama más complejo y lleno de matices, donde la ausencia de una regulación específica choca con los beneficios operacionales y las limitaciones impuestas por la normativa de protección de datos.

Este artículo se propone desglosar la situación actual de las bodycams en la seguridad privada española, explorando las razones de su limitada autorización, las implicaciones derivadas de la Ley de Protección de Datos Personales, y los potenciales beneficios que su uso podría aportar, analizando además su relación con la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

EL CONTEXTO DE LAS CÁMARAS CORPORALES. ¿POR QUÉ LA LIMITACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA?

Las bodycams, dispositivos de grabación de audio y video portátiles, ofrecen una perspectiva única de los incidentes, capturando la interacción entre el personal de seguridad y los ciudadanos. Su adopción por parte de las FF.CC.SS. responde a una lógica de transparencia, rendición de cuentas y recolección de pruebas. Sin embargo, la seguridad privada se enfrenta a un desafío fundamental: la ausencia de un reconocimiento legal explícito para su uso generalizado, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas fijos de videovigilancia.

La principal razón de esta limitación radica en la naturaleza y los límites de la actividad de seguridad privada, que, aunque complementaria, es siempre subordinada a la seguridad pública y carece de la potestad de "autoridad" inherente a las FF.CC.SS. La capacidad de grabar a ciudadanos en movimiento, en espacios públicos o de acceso público, y la posterior gestión de esas grabaciones, plantea serias cuestiones en diferentes materias. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

La videovigilancia móvil implica la captación de datos personales (imágenes, voz) de un número indeterminado de personas, a menudo sin su conocimiento o consentimiento previo. Esto colisiona directamente con principios fundamentales de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), como la minimización de datos, la licitud del tratamiento y la información a los afectados.

PROPORCIONALIDAD E IDONEIDAD

El uso de bodycams debe ser un medio proporcionado e idóneo para el fin perseguido. Mientras que para las FF.CC.SS. este fin está claramente justificado en el mantenimiento del orden público y la investigación criminal, en la seguridad privada el alcance de sus funciones es más limitado y menos invasivo. La justificación de una vigilancia constante y en movimiento por parte de un vigilante de seguridad requiere una fundamentación legal más sólida que la actual.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

La seguridad privada opera principalmente en espacios privados, o de uso privado, aunque sean de acceso público. La videovigilancia fija en estos espacios está regulada. Sin embargo, la bodycam transforma al vigilante en una "cámara móvil" que podría invadir la privacidad en contextos donde la vigilancia no está explícitamente autorizada o donde no existe un interés legítimo preponderante.

A pesar de que la Ley de Seguridad Privada no menciona específicamente las bodycams, tampoco contiene una prohibición explícita de su uso. Esta ambigüedad legal genera un vacío que se ha interpretado predominantemente desde una perspectiva restrictiva, priorizando los derechos fundamentales a la privacidad y la protección de datos frente a los potenciales beneficios operacionales. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido cautelosa al respecto, exigiendo justificaciones muy sólidas para cualquier sistema de videovigilancia que implique la captación de imágenes fuera de un ámbito estrictamente delimitado.

Implicaciones de la Ley de Protección de Datos Personales (LOPDGDD y RGPD)

La normativa de protección de datos es el pilar fundamental que rige cualquier sistema de videovigilancia, incluyendo las bodycams. La monitorización, grabación, tratamiento y registro de imágenes y sonidos se somete a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima, que son el corazón del RGPD y la LOPDGDD.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

Exige que la medida adoptada sea la menos intrusiva posible para lograr el fin deseado. ¿Es la grabación constante mediante una bodycam la única o la mejor forma de proteger un bien o prevenir un delito en seguridad privada? En muchos casos, los sistemas de videovigilancia fijos o la presencia disuasoria del personal pueden ser considerados suficientes.

PRINCIPIO DE IDONEIDAD.

La medida debe ser adecuada para el fin que se persigue. Si el objetivo es disuadir o registrar incidentes, una bodycam podría ser idónea, pero si el objetivo puede lograrse con medidas menos intrusivas, la idoneidad se cuestiona.

PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA. 

Solo deben recogerse los datos estrictamente necesarios para el fin, y durante el tiempo mínimo indispensable. La grabación continua de un vigilante puede captar una cantidad ingente de información innecesaria de personas ajenas al incidente.

LICITUD DEL TRATAMIENTO (Art. 6 RGPD).

Para que el tratamiento de datos (la grabación) sea lícito, debe basarse en alguna de las bases jurídicas del RGPD. Para la seguridad privada, las más plausibles serían el "interés legítimo" del responsable (la empresa de seguridad o el cliente) o el cumplimiento de una "misión de interés público" o "ejercicio de poderes públicos" (si la ley lo permitiera expresamente, que no es el caso). El interés legítimo debe ser ponderado frente a los derechos y libertades de los interesados. Sin una base legal explícita que reconozca el interés público en la grabación móvil por parte de la seguridad privada, la justificación es débil.

DEBER DE INFORMACIÓN (Art. 13 y 14 RGPD).

Los afectados deben ser informados de forma clara y concisa sobre la existencia de la videovigilancia, la identidad del responsable, la finalidad del tratamiento y cómo ejercer sus derechos. Con una bodycam, colocar carteles informativos en cada lugar al que accede el vigilante es prácticamente inviable, dificultando el cumplimiento de este deber.

CONSERVACIÓN DE DATOS.

Las grabaciones deben conservarse solo el tiempo necesario para cumplir la finalidad (generalmente, un máximo de 72 horas si no hay incidentes). La gestión de estas grabaciones, el acceso a ellas y su borrado seguro, añaden complejidad.

BENEFICIOS POTENCIALES DE LAS CÁMARAS CORPORALES EN SEGURIDAD PRIVADA.

A pesar de las barreras legales y de protección de datos, el uso de bodycams podría ofrecer beneficios significativos que, si se lograra una regulación adecuada, justificarían su implementación.

EFECTO DISUASORIO Y PREVENCIÓN DE INCIDENTES.

La mera presencia de una cámara visible puede disuadir a posibles infractores de cometer actos ilícitos o a personas hostiles de iniciar confrontaciones. La conciencia de estar siendo grabado tiende a modificar el comportamiento, reduciendo la agresión y fomentando un trato más respetuoso hacia el personal de seguridad.

IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS Y RECOPILACIÓN DE PRUEBAS.

En caso de incidentes (robos, agresiones, vandalismo, altercados), las grabaciones de las bodycams proporcionarían pruebas visuales y de audio irrefutables. Esto facilitaría la identificación de los implicados, la reconstrucción de los hechos y, en última instancia, la denuncia ante las autoridades y el inicio de procedimientos judiciales o administrativos.

PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DESMONTAJE DE ACUSACIONES FALSAS.

Los vigilantes de seguridad a menudo son objeto de acusaciones infundadas de abuso de autoridad, agresión o maltrato. Las grabaciones de las bodycams servirían como una prueba objetiva de lo ocurrido, permitiendo desvirtuar alegaciones falsas y proteger la integridad profesional y personal del vigilante. Esto mejora la seguridad jurídica del profesional y reduce el riesgo de sanciones injustas.

MEJORA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y CALIDAD DEL SERVICIO.

La existencia de grabaciones fomenta un comportamiento más profesional y apegado a la normativa por parte del propio personal de seguridad, al saber que sus acciones están siendo registradas. Esto puede derivar en una mejora general de la calidad del servicio, una mayor adherencia a los protocolos y una mejor supervisión de las actuaciones.

FORMACIÓN Y ANÁLISIS POST-INCIDENTE.

Las grabaciones de incidentes reales pueden ser una herramienta invaluable para la formación del personal, permitiendo analizar situaciones, identificar buenas prácticas y áreas de mejora en la gestión de conflictos o la respuesta a emergencias.

REFERENCIAS EN LA LEY 5/2014, DE 4 DE ABRIL, DE SEGURIDAD PRIVADA.

La Ley de Seguridad Privada no contiene un articulado específico sobre bodycams, pero sí aborda conceptos y principios que indirectamente las afectan o que podrían ser el marco para una futura regulación.

•Artículo 15. Acceso a la información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este artículo establece la obligación de las empresas y personal de seguridad privada de facilitar a las FCSE la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones. Si las bodycams estuvieran autorizadas, las grabaciones pasarían a ser parte de esa información accesible para las autoridades en el marco de una investigación o control.

•Artículo 42. Servicios de videovigilancia.

Este artículo regula la videovigilancia, pero se centra en "sistemas de captación y registro de imágenes y sonidos" que son instalados de forma "permanente" en un lugar determinado. Las bodycams, al ser móviles y portadas por personas, no encajan directamente en esta definición, que es el punto de fricción legal. Sin embargo, el principio fundamental que subyace a este artículo (el sometimiento a la normativa de protección de datos, y los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima) es totalmente aplicable a cualquier sistema de grabación, incluidas las bodycams. Es decir, aunque no las mencione explícitamente, la filosofía de control y protección de datos que impregna este artículo sería el punto de partida para su eventual regulación.

•Artículo 48. Servicios de investigación privada y Artículo 49. Informes de investigación.

Estos artículos regulan la actividad de los detectives privados, quienes tienen una mayor libertad para recopilar información, siempre que no atenten contra derechos fundamentales. Aunque no se refieren directamente a bodycams, la capacidad de los detectives para documentar hechos mediante medios técnicos podría, bajo ciertos límites, acercarse a la funcionalidad de estas cámaras, especialmente en cuanto a la recopilación de pruebas para sus informes. Sin embargo, los detectives operan con un mandato y una finalidad específica, que es la investigación privada para un cliente, no la vigilancia generalizada.

•Artículo 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada... y Artículo 58. Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada.

Estos artículos tipifican las infracciones graves y muy graves. El uso no autorizado o el uso indebido de las bodycams podría encuadrarse en diversas infracciones ya existentes si causaran una vulneración de derechos o un incumplimiento de la normativa. Por ejemplo, la "falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan..." (Art. 58) o la "utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito" (Art. 58), serían aplicables si las grabaciones de bodycams se gestionaran o utilizaran de forma indebida. Además, el "ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos" (Art. 58) también podría abarcar el uso desproporcionado o arbitrario de estos dispositivos.

UN VACÍO LEGAL CON IMPLICACIONES SIGNIFICATIVAS.

La cuestión central es que, si bien la Ley de Seguridad Privada no prohíbe explícitamente el uso de bodycams por parte del personal de seguridad privada, tampoco existe un reconocimiento legal y articulado para su uso en las labores propias de seguridad privada. Toda la justificación para su posible implementación se sustentaría, en la actualidad, en la Ley de Protección de Datos (LPD) y la referencia a la salvaguarda de los datos recabados, así como a los lugares y formas en las que estos se recopilan o registran.

Esto significa que, sin una habilitación legal expresa que las equipare a un sistema de videovigilancia autorizado para la seguridad privada, su uso se considera altamente problemático desde la perspectiva de la protección de datos. Un "interés legítimo" para grabar constantemente a personas en la vía pública o en espacios de acceso público (aunque sean privados) se vería muy difícilmente justificado sin una ponderación legal explícita. La AEPD, en sus informes y resoluciones, ha sido muy clara al priorizar la protección de la privacidad en este tipo de escenarios.

Una posible vía para su autorización pasaría por una modificación legislativa que:

1. Justifique el Interés Público o Legítimo Cualificado.

Que la ley establezca de forma inequívoca el interés público o legítimo cualificado para que la seguridad privada pueda grabar con bodycams.

2. Delimite el Ámbito de Uso.

Que establezca cuándo, dónde y en qué circunstancias pueden activarse (por ejemplo, solo en caso de incidente o sospecha fundada).

3. Regule la Conservación y Acceso.

Que defina los tiempos de conservación, los procedimientos de acceso y las garantías para la eliminación de datos no relevantes.

4. Establezca el Deber de Información: Que proponga mecanismos viables para informar a los ciudadanos sobre la existencia de la grabación.

LAS BODYCAMS EN LA SEGURIDAD PRIVADA EUROPEA.

UN MOSAICO DE LEGISLACIONES Y PRÁCTICAS.

La implementación de las cámaras corporales (bodycams) por parte del personal de seguridad privada presenta un panorama diverso dentro de la Unión Europea. Aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece un marco común para el tratamiento de datos personales en toda la UE, la transposición y aplicación de esta normativa a nivel nacional, junto con las particularidades de las leyes de seguridad privada de cada Estado miembro, genera diferencias significativas en la permisividad y las condiciones de uso de estos dispositivos.

Es fundamental comprender que no existe una prohibición generalizada del uso de bodycams para la seguridad privada en la UE. De hecho, en varios países su empleo está permitido o incluso contemplado como una herramienta habitual, aunque siempre bajo un estricto escrutinio y sujeción a los principios de proporcionalidad, finalidad y transparencia que emanan del RGPD.

ESPAÑA. HACIA UNA CONSOLIDACIÓN DEL USO.

Como ya hemos abordado en el contexto de la protección de datos, en España el uso de bodycams por parte de los vigilantes de seguridad ha sido un tema de debate y clarificación, pero actualmente se considera plenamente permitido bajo el marco de la Ley de Seguridad Privada y la LOPDGDD.

Las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han confirmado que la portabilidad de estas cámaras es lícita, siempre y cuando se cumplan las garantías de información a los afectados, la limitación de la finalidad de las grabaciones (prevención de delitos, protección, prueba), la adecuada custodia de los datos y su supresión en plazos establecidos. No se trata de una dotación obligatoria generalizada, pero sí de una herramienta permitida que las empresas pueden implementar si cumplen con la normativa y justifican su necesidad.

OTROS PAÍSES EUROPEOS. DIVERSIDAD EN LA REGULACIÓN Y PRÁCTICA.

Mientras que en España el camino hacia la plena aceptación ha sido progresivo, otros países de la UE han adoptado posturas ligeramente distintas, aunque siempre con el RGPD como telón de fondo:

REINO UNIDO (PRE-BREXIT Y CON NORMATIVA SIMILAR).

Ha sido uno de los países pioneros en la adopción de bodycams para fuerzas policiales y, en paralelo, su uso por la seguridad privada está bien establecido y es común, especialmente en entornos de alto riesgo o gran afluencia de público. Las directrices de la Oficina del Comisionado de Información (ICO) son claras respecto a los requisitos de privacidad. La legitimidad se basa en el "interés legítimo" y la necesidad de proteger al personal y al público.

FRANCIA.

El uso de bodycams por la seguridad privada está permitido y regulado por la Ley de Seguridad Global (Loi de Sécurité Globale). Se exige una declaración previa a la prefectura y la información al público mediante señalización. Las grabaciones se pueden utilizar como prueba y para la formación. El foco está en la prevención de delitos y la seguridad.

ALEMANIA.

La situación es más restrictiva que en otros países debido a una fuerte cultura de protección de la privacidad. El uso de bodycams por seguridad privada es posible, pero con estrictos requisitos de justificación, proporcionalidad y, a menudo, limitación a situaciones específicas de riesgo o confrontación. Las regulaciones de cada estado federado pueden variar, haciendo que la aplicación sea más compleja. La doctrina del "interés legítimo" debe sopesarse cuidadosamente con los derechos de privacidad de los individuos.

PAÍSES BAJOS.

El uso de bodycams es generalmente permitido para fines de seguridad privada, siguiendo las directrices de la Autoridad Holandesa de Protección de Datos (AP). La clave es la justificación por un interés legítimo claro y la información a los afectados. Son comunes en eventos, vigilancia de propiedades o transporte público.

BÉLGICA.

Se permite el uso de bodycams por parte de los servicios de seguridad privada, con una fuerte supervisión por parte de la Autoridad de Protección de Datos belga. La legislación se centra en la finalidad, la transparencia y la limitación de la conservación de las grabaciones.

COMPARATIVA.

Esta diversidad subraya que, si bien el RGPD proporciona un marco de principios, la aplicación específica de las bodycams en la seguridad privada varía significativamente entre los Estados miembros. Mientras que en algunos países (como el Reino Unido, Francia o Países Bajos) su uso está más arraigado y regulado de forma explícita para este sector, en otros (como Alemania) la aproximación es más cautelosa y restrictiva.

En todos los casos, la clave del permiso reside en la rigurosa adhesión a los principios de la protección de datos: la necesidad real, la proporcionalidad de la medida, la transparencia hacia los ciudadanos y la garantía de la seguridad y el manejo adecuado de las grabaciones. Para las empresas de seguridad privada que operan a nivel transnacional, esto implica la necesidad imperiosa de conocer y adaptarse a la legislación específica de cada jurisdicción.

España se alinea con la tendencia permisiva (siempre bajo regulación).

Las cámaras corporales representan una herramienta de gran potencial para mejorar la eficiencia, la transparencia y la seguridad en el ámbito de la seguridad privada. Sus beneficios en términos de disuasión, recolección de pruebas y protección del personal son innegables. Sin embargo, el marco legal actual en España, fuertemente centrado en la protección de datos personales y la delimitación de competencias entre seguridad pública y privada, impide su uso generalizado.

Aunque no existe una prohibición explícita, la ausencia de un reconocimiento legal claro y la estricta interpretación de la normativa de protección de datos hacen que su implementación sea extremadamente compleja. Para que las bodycams puedan integrarse plenamente en la seguridad privada, sería necesaria una reforma legislativa que dote de un marco jurídico sólido y equilibrado, garantizando que su uso no vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos y que se realice siempre bajo los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima.